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March 28, 2024Por Kate Scanlon, OSV News
WASHINGTON (OSV News) – El 26 de marzo, a Corte Suprema de EE.UU. escuchó los argumentos orales en un caso relacionado con la mifepristona, una píldora comúnmente utilizada para el aborto, pero que más recientemente se ha utilizado para la atención temprana de aborto involuntario. Este es el primer caso importante relacionado con el aborto en su agenda desde que el alto tribunal revocó su precedente anterior sobre el aborto en 2022.
Una coalición provida de opositores a la mifepristona, que es el primero de los dos fármacos utilizados en un aborto farmacológico o químico, presentó una demanda por la relajación de las restricciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) sobre el fármaco, que incluía hacerlo disponible por correo, argumentando que el gobierno violó sus propias normas de seguridad al hacerlo.
La FDA ha argumentado que el fármaco plantea pocos riesgos para la madre en las primeras semanas de embarazo. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que más de la mitad de los abortos practicados en Estados Unidos son químicos o médicos, en lugar de quirúrgicos.
Durante los alegatos orales, jueces de todo el espectro ideológico de la corte se mostraron escépticos ante la posibilidad de que los médicos provida que impugnaban la reducción de la normativa estuvieran legitimados para interponer la demanda, y la cuestión de la legitimación se convirtió en el centro de atención de ese encuentro -- comparado a la pregunta si la FDA había actuado legalmente.
La jueza Amy Coney Barrett señaló que los médicos que presentaron declaraciones en el caso -- las doctoras Christina Francis e Ingrid Skop -- no parecían haber participado en un aborto de este tipo ni podían demostrar los perjuicios causados por la FDA. En cambio, las doctoras habían argumentado en sus escritos que podrían tratar a una mujer que sufriera complicaciones a causa del fármaco.
"El hecho de que ella (la doctora) practicara un legrado no significa necesariamente que hubiera un embrión o feto vivo, porque se puede practicar un legrado después de un aborto espontáneo", dijo Barrett, refiriéndose a un procedimiento llamado dilatación y legrado, que a veces se practica como aborto, pero también se utiliza para tratar un aborto espontáneo.
La procuradora general, Elizabeth B. Prelogar, argumentó que las protecciones federales de conciencia existentes, que permiten a los proveedores médicos optar por no realizar procedimientos a los que se oponen, protegen a los médicos en cuestión.
Aprobada por primera vez por la FDA en 2000, la mifepristona bloquea la hormona progesterona, que mantiene las condiciones adecuadas en el útero durante el embarazo. El fármaco se combina con misoprostol (creado inicialmente para tratar las úlceras gástricas) como parte de un régimen químico para el aborto precoz.
Más recientemente, la misma combinación de píldoras se ha recetado también a las mujeres que sufren un aborto no provocado (o una pérdida) en las primeras etapas del embarazo para expulsar del útero los restos fetales y el tejido residual del embarazo. El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos actualizó sus protocolos para recomendar una combinación de mifepristona y misoprostol como más eficaz que el misoprostol solo para la atención del aborto espontáneo temprano, según las investigaciones publicadas desde 2018.
En junio de 2022, la Corte Suprema dictó la sentencia Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, que anuló el caso Roe vs. Wade y los precedentes relacionados que hacían del acceso al aborto un derecho constitucional. La decisión en el caso Dobbs devolvió al poder legislativo de cada estado la cuestión de regular o restringir el aborto.
Los detractores de la mifepristona argumentaron que la FDA había actuado indebidamente al flexibilizar las normas que regulan su acceso, mientras que los partidarios del fármaco afirmaron que es seguro para las mujeres y que se estaba utilizando con fines políticos. Manifestantes de ambos bandos se concentraron ante la Corte Suprema durante los alegatos.
Erin Hawley, abogada principal de Alliance Defending Freedom (ADF) y vicepresidenta del Centro ADF para la Vida y la Práctica Regulatoria, que argumentó en nombre de los médicos provida ante el tribunal, dijo en un comunicado: "Todos deberíamos estar de acuerdo en que las mujeres merecen la atención continua y en persona de un médico cuando toman medicamentos de alto riesgo".
"Pero en 2016 y 2021, la FDA eliminó imprudentemente casi todas las salvaguardias que originalmente había considerado necesarias para el uso de medicamentos para el aborto químico, incluidas las visitas médicas en persona para verificar embarazos ectópicos, hemorragias graves e infecciones potencialmente mortales", dijo Hawley, quien también es la esposa del senador Josh Hawley, republicano por Missouri. "Sin lugar a dudas, las acciones de la FDA han hecho que tomar medicamentos para el aborto químico sea menos seguro para las mujeres. Hoy, he argumentado ante la Corte Suprema en nombre de médicos y asociaciones médicas que son testigos de primera mano del daño causado a las mujeres por la imprudencia de la FDA".
Jeanne Mancini, presidenta de la organización nacional Marcha por la Vida, dijo en un comunicado: "La eliminación por parte de la FDA de casi todas las salvaguardias en torno al peligroso fármaco abortivo mifepristona ha puesto innecesariamente a mujeres y niñas en riesgo de sufrir complicaciones graves -incluso potencialmente mortales -- sin la atención continua de un proveedor médico".
"Esperamos que la FDA rinda cuentas por no cumplir sus propias normas cuando se trata de medicamentos abortivos", dijo. "Tal desprecio imprudente por la salud y la seguridad de las mujeres es inaceptable por parte de una agencia encargada de protegerla".
En un post en X, antes conocido como Twitter, el Centro de Derechos Reproductivos escribió: "Los expertos médicos y científicos de la FDA deberían decidir qué medicamentos están disponibles, NO los políticos ni los jueces".
Alexis McGill Johnson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Action Fund y de Planned Parenthood Federation of America, escribió en X: "Hoy, una vez más, el SCOTUS oirá un caso que determina nuestra capacidad de controlar nuestros cuerpos y nuestras vidas. Sabemos (y la Corte sabe) que el pueblo estadounidense no quiere que se prohíba el aborto. Se trata de control. Siempre lo ha sido".
Pero el obispo Michael F. Burbidge, de Arlington, Virginia, dijo en un comunicado: "El aborto no es asistencia de salud, y ningún niño debería experimentar tal violencia".
El obispo Burbidge, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., añadió: "Con los peligrosos medicamentos abortivos que ahora constituyen la mayoría de los abortos y cuyo uso va en aumento, rezamos para que la Corte Suprema restablezca las salvaguardias de la la Administración de Alimentos y Medicamentos para la salud de las mujeres y proteja a más niños antes de nacer".
El obispo también añadió que "una madre vulnerable que se somete a un aborto no debe quedar sola y sin atención médica". Pidió a los católicos que se unan en oración hasta que el tribunal emita su decisión y "busquen formas en su comunidad para ayudar a apoyar a las madres necesitadas y hacer que el aborto sea impensable".
La USCCB presentó un informe amicus en el caso en febrero.
Se espera una decisión sobre el caso para el final del mandato del tribunal, que normalmente termina en junio y sería en medio de la campaña presidencial de 2024.