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December 30, 2022Por Carol Zimmermann, Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) -- En una decisión de fin de año, la Corte Suprema dijo el 27 de diciembre que una regla federal de salud pública que permite a funcionarios de inmigración en la frontera rechazar rápidamente a inmigrantes que buscan asilo se mantendría vigente mientras se desarrollan los desafíos legales.
El 21 de diciembre, en una decisión de 5 a 4, los jueces detuvieron el fallo de un juez de primera instancia que habría levantado la medida, conocida como Título 42, que forma parte de la Ley de Servicios de Salud Pública.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ya había puesto en pausa esa orden el 19 de diciembre en respuesta a una solicitud de emergencia presentada por 19 estados pidiendo a los jueces que mantuvieran el Título 42 en vigor.
La administración de Donald Trump utilizó dicha medida de salud pública durante la pandemia para permitir que los funcionarios fronterizos estadounidenses expulsaran a los migrantes rápidamente, sin darles la oportunidad de buscar asilo en Estados Unidos.
"Nuestros corazones (están) rotos por esta decisión y por las muchas personas que se verán perjudicadas por ella", tuiteó la Coalición Interreligiosa de Inmigración el 27 de diciembre.
Expresaron que, como personas de fe, estaban pidiendo al presidente Joe Biden que "haga todo lo que esté a su alcance para recibir a las personas que buscan seguridad con la compasión que merecen".
Los jueces acordaron escuchar los argumentos sobre la aplicación del Título 42 en la frontera en febrero. En su breve orden sin firmar, señalaron que la regla permanecerá vigente por ahora y que solo considerarán si los estados que la impugnan tienen el derecho legal de hacerlo.
En disidencia, el juez Neil Gorsuch, junto con la juez Ketanji Brown Jackson, enfatizó que la administración de Biden y el Congreso no han abordado adecuadamente la crisis de inmigración; también sostuvo que el tribunal superior de la nación no está destinado a emitir políticas.
Reveló que no descartó las preocupaciones planteadas por los fiscales generales del estado y también reconoció que levantar el Título 42 "probablemente tendrá consecuencias perjudiciales", pero dijo que la razón por la que se hizo cumplir, como medida de salud pública, ya no es válida.
"La crisis fronteriza actual no es una crisis de COVID", escribió, agregando que los tribunales "no deberían estar en el negocio de perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia solo porque los funcionarios electos no han abordado una emergencia diferente. Somos un tribunal de la ley, no políticos de último recurso".
Las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan indicaron que habrían permitido que se mantuviera el fallo del juez federal que puso fin al Título 42, pero no se unieron a la disidencia.
El Título 42 otorga a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades el poder de prohibir la entrada de personas a Estados Unidos para proteger al público de enfermedades contagiosas.
La administración de Biden extendió inicialmente la política utilizada por la administración de Trump, pero en abril anunció que la terminaría, diciendo que ya no era necesaria para proteger la salud pública.
Un juez federal en Luisiana dijo que la administración no había seguido los procedimientos adecuados al intentar poner fin al Título 42 y ordenó que se mantuviera vigente. La administración ha apelado esa decisión ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, donde sigue pendiente.
En un caso separado, un juez federal en Washington dictaminó que la política en sí era ilegal y ordenó al gobierno que la terminara, lo que fue impugnado por 19 estados con fiscales generales republicanos.
Después de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazara la solicitud de los estados de unirse al caso, los estados acudieron a la Corte Suprema instando a la corte mantener la política en vigor y diciendo que levantarla "causaría una crisis de proporciones sin precedentes en la frontera".
Las familias migrantes que desafían la política dicen que el apoyo de los estados al Título 42 no se basa en preocupaciones por la pandemia. También dijeron que la política ha tenido un impacto devastador en aquellos obligados a regresar a "cárteles y demás, que están listos para secuestrarlos y explotarlos".
Los defensores de los inmigrantes, incluyendo organizaciones de la Iglesia Católica, religiosas, y el obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, han apoyado firmemente la terminación del Título 42.
Las ciudades fronterizas de Texas, como El Paso, se habían estado preparando para la oleada de nuevos inmigrantes cuando la regla de la era de la pandemia estaba programada para terminar.
A mediados de diciembre, Dylan Corbett, director del Hope Border Institute, una organización católica que ayuda a los inmigrantes, dijo que las políticas en constante cambio dificultan la planificación de organizaciones como la suya.
"Tienen mucho dolor reprimido", dijo a The Associated Press, y señaló que, con las políticas fronterizas del gobierno en desorden, "la mayor parte del trabajo recae en las comunidades religiosas para reparar los daños y lidiar con las consecuencias".
En octubre, el obispo Seitz emitió un comunicado, expresando su decepción ya que el Título 42 se había extendido a incluir a venezolanos que buscaban cruzar la frontera.
"Ahora todos debemos trabajar más duro, especialmente la comunidad religiosa, para construir una cultura de hospitalidad que respete la dignidad de quienes migran, y continuar presionando a los legisladores y al gobierno de Biden para que establezcan un lugar seguro, humano, que funcione y respete los derechos para garantizar la protección de quienes la necesitan", acotó.